|
|
“La Dirección Nacional de Educación Pública es uno de los órganos constitutivos de la ANEP. El Director Nacional de Educación Pública preside el Consejo Directivo Central.
Entre sus competencias asignadas por Ley se establecen las de presidir el Consejo respectivo, dirigir las sesiones del mismo, cumplir y hacer cumplir los reglamentos y resoluciones; preparar y someter a consideración del Consejo los proyectos que estime conveniente; inspeccionar el funcionamiento de las reparticiones de su competencia y tomar las medidas que correspondan; autorizar los gastos que sean necesarios, dentro de los límites que establezcan la Ley y las Ordenanzas, etc.”
UNA HISTORIA ACCIDENTADA:
El Ministro Electo del Ministerio de Educación y Cultura, Jorge Brovetto, anunció que una nueva ley de educación es prioridad del ministerio en el próximo gobierno, y que se integrará en la misma a todos los involucrados en el quehacer educativo: “vamos a plantear que sean los actores directos, los maestros, los profesores, los alumnos cuando sea posible, los familiares, y la propia sociedad civil a lo largo y a lo ancho del país, los que propongan…” .
Esta ley significa la democratización del gobierno de la enseñanza, la recuperación de una tradición que se vio interrumpida en 1972 y la resolución de una asignatura pendiente.
El 11 de diciembre de 1935, período de la dictadura de Gabriel Terra en Uruguay, en que la ley orgánica 9.523 transformaba la Sección de Enseñanza Secundaria y Preparatoria en un nuevo ente autónomo denominado Educación Secundaria, desvinculándola de la Universidad . Hasta ese momento, la enseñanza secundaria era parte de la Universidad, siendo uno de los pilares de la misma. A partir de entonces, deviene en un nuevo ente autónomo (el CES), que es presidido por los siete miembros mencionados. El consejo directivo de enseñanza secundaria quedaba integrado por tres delegados docentes, dos delegados designados por el poder ejecutivo a través de los consejos de primaria y UTU, un delegado de la universidad y uno designado por el cuerpo en carácter de presidente.
En 1970 el presidente Jorge Pacheco Areco pone un interventor en enseñanza secundaria eliminando la representación docente, y en 1972 Julio María Sanguinetti redacta una ley de educación (ley 14.101) que se aprueba eliminando definitivamente esta representación. Esta ley suprime los tres entes autónomos (Primaria, Secundaria y Educación Técnico Profesional) y crea el Consejo Nacional de Educación (CONAE), que pasa a coordinar las ramas de la enseñanza y es presidido por 5 miembros designados directamente por el presidente de la República. La ley de 1985 sustituye el CONAE por el CODICEN, cuyos cinco miembros también son designados por el poder ejecutivo.
La tradición a recuperar es entonces la participación de los docentes en el gobierno de la enseñanza secundaria, que integraron durante 70 años hasta 1970.
La asignatura pendiente se remonta a 1985, año en que al retorno de la democracia se redacta una ley de urgencia para la educación (ley 15.739) que mantuvo la eliminación de la representación docente y reimplantó la designación política y cuotificada de las autoridades de la educación por parte del poder ejecutivo, tal como estaba previsto en la ley Sanguinetti. Esta ley permaneció luego incambiada hasta el presente por falta de voluntad política.
Otro planteo del gobierno electo para el período que comienza en el 2005 es que intentará aumentar el presupuesto para la educación pública del 4,5% del PBI al 6% recomendado por UNESCO.
El actual presidente de la Administración Nacional de Enseñanza Pública, Javier Bonilla Saus, plantea la necesidad de agregar a la laicidad, gratuidad y obligatoriedad, tres pilares clásicos de la enseñanza en Uruguay, los pilares de equidad social, apertura y pluralismo cultural Entendiendo por apertura la flexibilización interna y contacto con la región, por pluralismo cultural el respeto de la diversidad. En cuanto a la equidad social plantea que “deberá ser una orientación permanente y explícita de los principios de la política educativa pública. La gratuidad de la enseñanza ya no es suficiente: la oferta educativa requiere ser específica y cuidadosamente diferenciada y focalizada hacia aquellos sectores socialmente más desfavorecidos de manera de jugar un papel compensatorio de las desventajas culturales generadas a partir de los distintos orígenes sociales de los educandos” .
Desde la gremial de docentes de secundaria, FENAPES, se coincide con la necesidad de la nueva ley y del aumento del presupuesto, planteando además el desmantelamiento de los organizamos paralelos dependientes del BID y el Banco Mundial, como el Programa de Modernización de la Enseñanza Media y Formación Docente (MEMFOD), el diseño curricular de la reforma educativa implementada desde el año 1996 (Reforma Rama) tanto en la erradicación de áreas como en los modelos de gestión implementados en los liceos. Para FENAPES tanto el MEMFOD como el MECAEP (Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria), al tener vínculo directo con el BID y el Banco Mundial, desvirtúan la institucionalidad de la ANEP. FENAPES plantea que estos programas deben estar subordinados al gobierno de la enseñanza media (CODICEN y Secundaria).
|
Tags
You must be logged in to add tags.
|
Writer Profile
Antonio García
This user has not written anything in his panorama profile yet.
|
Comments
You must be a TakingITGlobal member to post a comment. Sign up for free or login.
|
|
