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Ya sea si, como sostienen los iusnaturalistas, los seres humanos nacemos con “derechos naturales” que nos corresponden por el simple hecho de ser personas o si, como postulan los más relativistas, nuestros derechos no son preexistentes a las luchas que les dieron origen, es algo plenamente aceptado que a esta altura de la historia de la humanidad todos somos titulares de derechos y garantías, que nos protegen frente a posibles abusos o restricciones a nuestra libertad e integridad. Ahora bien, la historia está plagada de grandes contradicciones y el siglo XXI no parece ser la excepción.
Hace solo unos días el Senado estadounidense respaldó el plan “anti-terrorista” del presidente Bush que los republicanos plantean como una de sus principales banderas en la campaña electoral hacia las legislativas de noviembre, aprobando una ley que restringe seriamente los derechos de los detenidos. Esta dura legislación amplía la definición de "enemigos combatientes" sobre toda persona que dé apoyo material y financiero a grupos terroristas, fija parámetros para la detención e interrogatorios de los detenidos en la lucha antiterrorista y establece los tribunales militares para juzgar a terroristas implicados en atentados contra Estados Unidos, bajo cargos de crímenes de guerra. Además permite que la acusación argumente "privilegio de seguridad nacional" para impedir la difusión de información y pruebas secretas durante el juicio, y que se condene a un detenido en base a pruebas "de oídas”, usar información obtenida mediante métodos coercitivos; y lo que es aún más grave, autoriza que el presidente de EE.UU. interprete el significado y aplicación de la Convención de Ginebra mediante una orden ejecutiva que autoriza los métodos usados contra los detenidos. a Bush para consentir métodos condenados por la legislación norteamericana e internacional.
Ante esta situación, surgieron fuertes críticas por parte de la opinión pública mundial. La ONG Amnistía Internacional presentó en Londres un informe titulado "Estados Unidos: Ley de Convenciones Militares, transformando malas políticas en malas leyes”. Allí sentencia: "En la 'guerra contra el terrorismo', la Administración de Estados Unidos creó centros de detención secretos, efectuó desapariciones forzadas de personas, mantuvo a detenidos incomunicados por tiempo indeterminado y sin cargos, realizó arrestos arbitrarios, y cometió torturas y otros tratos inhumanos o degradantes” . Manfred Nowak, el relator sobre la tortura para las Naciones Unidas, dijo que la ley no aseguraba a los prisioneros un juicio justo y señaló que es particularmente dificultoso investigar los conocidos abusos que se llevan adelante en las instituciones de detención estadounidenses.
Ojalá pudiésemos calificar a esa grave situación como un caso aislado, pero un somero análisis de las medidas tomadas desde el atentado a las Torres Gemelas, no solo en Estados Unidos sino en gran parte de los países del globo, rápidamente evidencia que se está dando un peligroso giro en la legislación penal de nuestros Estados. Hoy podemos hablar de un verdadero retroceso en el campo del Derecho Penal, donde se violan las principales normas del Derecho convencional, dando lugar al discurso del denominado “Derecho Penal del Enemigo”.
El Derecho Penal del Enemigo encuentra como mentor al catedrático alemán de la Universidad de Bohn, el profesor Günther Jakobs. Este jurista planteaba allá por 1985 una nueva categoría dentro del Derecho Penal, la del “Enemigo” del sistema social. Este sería un ciudadano que por su posición, forma de vida o quizás su pertenencia a una organización, ha abandonado el Derecho, no de forma incidental sino duradera. Por ello, no garantiza la más mínima seguridad cognitiva, déficit que expresa a través de su conducta, que lleva a la conclusión que al encontrarse visiblemente fuera del sistema no tiene derecho a gozar de todos los beneficios como si fuera una persona, siendo el enemigo calificado como una “no-persona”, lo que le priva de invocar o exigir la observancia de las reglas del Derecho Penal. Así, el profesor alemán reconoce que el derecho penal del enemigo sigue otras reglas distintas a las del derecho penal ordinario.
En este contexto, prácticas expresamente prohibidas por las legislaciones procesales –las intervenciones telefónicas o de los correos electrónicos- son autorizadas por el poder ejecutivo sin control judicial alguno. Claros ejemplos de estos son: en Francia, la Ley de 31 de octubre del 2001 N° 718 sobre seguridad cotidiana que no sólo ha incrementado el poder policial de intervención en la esfera de la libertad personal de los ciudadanos sino también ha extendido la competencia estatal en el control de las comunicaciones entre presuntos terroristas.
También en los Estados Unidos que, además de la citada ley, en su Patriot Act del 26/10/2001 consagró por el plazo de cuatro años un poder absoluto del Estado en su lucha contra la inmigración y la disidencia política, sin respetar garantías penales y procesales. Estos casos son solo muestras de una situación que con solo leer los diarios de los últimos años vemos que se repite en el Reino Unido, Japón, Colombia, El Salvador, Tailandia, y en gran parte de los países del mundo.
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Leila Mucarsel
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