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La defensa y las ONG’s
A la pregunta de quién defenderá los derechos de las personas afectadas, es obvio que tendrán que ser ellas mismas quienes eleven su voz de protesta ante dichas afectaciones. Con una economía liberal en la cuál el estado reduce su nivel de ingerencia a todo nivel, será el ciudadano quien tenga que echar mano de todos los instrumentos y mecanismos existentes para defender sus derechos.
De suerte que la efectiva acción de estudiosos en la materia y grupos organizados han propiciado la sistemática positivación de normas legales tendientes ha regular el complejo ámbito ambiental, otorgando instrumentos para dicha defensa. Se han previsto normas administrativas sancionatorias, además de incluirse instrumentos de gestión ambiental que exigen la participación ciudadana. Esto implica una cantidad considerable de información especializada, muchas veces desconocida por los pobladores de las zonas involucradas, actores principales de su defensa. Dentro de esta problemática específica es que surge la acción informativa y orientadora de las ONG’s alrededor del mundo.
La tarea trascendente de las ONG’s, cuya labor favoris humanitatem les ha merecido el reconocimiento internacional, no se queda solo en orientar e informar. Su actividad, tendiente a investigar, promover y proteger el ambiente, trabaja de la mano con poblaciones afectadas, lo que ha propiciado que en muchos países del mundo se promueva y apoye su trabajo. Es por ello mezquino y carente de todo fundamento el argumento según el cuál su oposición a los proyectos mineros es solo producto de razones recicladas de un grupo de ambientalistas, enfrascados en sus concepciones proteccionistas, cerradas y retrógradas. Ahora que hemos analizado la problemática general, estamos en la posibilidad de encontrar las razones concretas por las cuáles el proyecto minero Tambogrande fue dejado de lado.
Razones concretas contra el proyecto Tambogrande
La primera razón, sin la cuál no entenderíamos el fenómeno Tambogrande, la encontramos en la firme oposición de su población al establecimiento de la mina, en favor de una agricultura rectora de su economía. Las razones eran evidentes. Tenemos en la agricultura una actividad que no significa riesgos evidentes para la salud de su población, además de tener índices de empleo mucho más altos que los determinados para la minería. Tenemos una minería que implica para su población el constante peligro de un accidente, ya no solo para el caso de la empresa minera Manhattan (una Júnior Canadiense) sino de las empresas que presten servicios a ella. Es obvia la desconfianza del poblador a la actuación de los organismos del estado como actores y defensores de sus intereses, por las razones antes expuestas.
En otro ámbito de la realidad, tenemos el hecho que la mina se encuentra ubicada sobre la ciudad de Tambogrande. Eso significa que el proyecto implica para la población la desaparición de su ciudad, con las consecuencias lógicas que dicho suceso trae consigo: desaparición de sus hogares, historia, recuerdos, pasado, presente y futuro. Románticos o no, son razones justas que se fundamentan en la dignidad de la persona, dignidad protegida por la constitución de nuestro país.
Además se debe prever que la bonanza, producto de una actividad minera, solo dura lo que dura el proyecto e incluso menos. Muy ligado a lo anterior tenemos el hecho que la minería, como actividad generadora de bienestar, enriquecerá los bolsillos de unos pocos en detrimento del poblador tambograndino, quien verán la destrucción lenta y dolorosa de todo el complejo ecosistema que forjó durante todo estos años
El banco de oro y el efecto chorreo
Si aún con todo lo expuesto, la población tuviera que elegir entre dos actividades, minería y agricultura ¿Por qué la población de Tambogrande no explota su “banco de oro” y espera que en base a él surja el famoso “efecto chorreo”?
Para resolver esta pregunta, tenemos que explicar de que se trata, tanto el llamado “banco de oro” como el esperado “efecto chorreo”. Primero, el “banco de oro” es una alusión referida a la frase acuñada en el siglo XIX por el sabio italiano Antonio Raimondi, según la cuál “el peruano es un mendigo sentado en un banco de oro”. Por otro lado, se conoce como “efecto chorreo” a los síntomas de mejora económica que siente el poblador común y corriente proveniente de una efectiva política económica a nivel macro.
Tambogrande, zona agrícola, productora de mango y limón, posee bajo su suelo un considerable yacimiento de metales, entre ellos oro y plata: la relación con la frase de Raimondi se hace, para este caso, especialmente evidente. Aplicado al caso en cuestión, la minería con su flujo de inversión, canon y tributación, producirían un “efecto chorreo” que alcanzaría la necesitada economía de los pobladores de la región.
Es cierto que a pesar de la producción agrícola, en Tambogrande los índices de pobreza son altos, lo que pone en evidencia la necesidad urgente de proyectos que haga más dinámica su economía en pos del famoso “efecto chorreo”. Pero es también evidente por todo lo dicho, que las posibles mejoras económicas de dicho proyecto traerían no pueden obnubilar la razón en contra de la conservación de un ambiente sano y equilibrado. El problema con los gobiernos pro-mineros es su negativa a invertir recursos considerables en proyectos complejos de desarrollo, que también implican opciones sanas de crecimiento, ambientalmente sostenibles, y generadoras del llamado “efecto chorreo”.
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Rolando
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