by Rolando Zapata Rumiche | |
Published on: May 18, 2005 | |
Topic: | |
Type: Opinions | |
https://www.tigweb.org/express/panorama/article.html?ContentID=5586 | |
Introducción Las tertulias son momentos especiales de reflexión académica amplia, aún con ese toque informal que antecede y precede cada una de ellas. Es un momento particular de discusión, de común unión, donde el grupo humano reunido tiene la posibilidad de escuchar y expresar lo que piensa y lo que siente. Éste artículo es producto de una tertulia en especial, llamada “Experiencias en la Gerencia de la Región Grau y una visión del fututo de la Macro Región Norte”. Parecerá extraño, pero agradezco la problematización que ella produjo en mí, sobre todo porque me ha permitido tomar una posición determinada respecto al tema central del debate: La minería como opción de desarrollo. En este artículo no se encuentra contenido ningún juicio de valor u opinión respecto al expositor, porque considero que el respeto a las personas y sus ideas es expresión del elemental principio democrático que rige nuestro sistema de gobierno actual. Es también fundamentado en dicho principio, además de la esencial libertad de expresión reconocida como derecho fundamental de cada ser humano, que este documento si contiene mis críticas, las cuáles forman parte de mi postura respecto al tema materia de dicha exposición. La exposición Durante su ponencia el conferencista desarrolló el tema del manejo gubernamental de la región, paralelo a las estrategias impulsadoras del desarrollo regional. El debate se centró en el beneficio que significaba para Piura el ser considerada como una región netamente minera, no solo por los recursos existentes en su suelo, sino además, porque su explotación produciría para sus habitantes el famoso “efecto chorreo”. Durante el desarrollo de su exposición, el conferencista tomó varios minutos para explicar el problema del Proyecto Tambogrande, proyecto minero que quedó trunco por la oposición de la población a su ejecución. Se trató sobre la falta de criterio al momento de manejar los conflictos surgidos con la población involucrada; se habló de lo equivocado de una estrategia que vende el proyecto sin decirle al poblador los beneficios económicos que podría obtener de él. Siempre en el mismo tema, el conferencistas no hizo mención del derecho que tiene cada un pueblo de decidir por si mismo su futuro o, en el mejor de los casos, la capacidad innata de todo pueblo a defender por sí mismos sus propios derechos. Pero, muy aparte de ellos, ¿Cuáles son los fundamentos que se enfrentan en su desarrollo toda actividad minera? Minería: El fundamento contra el argumento El recelo de un pueblo hacia este tipo de proyectos no se fundamenta en la ignorancia de sus habitantes, como muchos lo han querido plantear. Para nadie es un secreto el peligro que significa para la vida de las personas el más pequeño de los accidentes al interior de cualquier proyecto minero. Lamentablemente para todos, la historia de la minería cuenta entre sus páginas no solo los beneficios económicos que produce, sino también el dolor de sus muertos (más víctimas que mártires). Aún la minería actual, con toda su tecnología, no garantiza que los materiales y desechos que produce, no contaminen significativamente el ambiente donde se desarrolla, teniendo esta contaminación consecuencias nefastas y en algunos casos irreversibles para las personas y los ecosistemas. En virtud del principio de precaución, cualquier persona podría interponer una demanda tendiente a evitar la posible afectación del derecho a la salud y a un medio ambiente sano y adecuado. En contra de este fundamento, argumentos a favor de los proyectos mineros indican que el desarrollo de la ciencia ha llegado a límites tan elevados que ha provisto a la minería los instrumentos necesarios para reducir a límites permisibles su acción contaminante. Definitivamente una industria como la minera, con niveles altos de ganancias, tiene la posibilidad de internalizar los costos elevados de dicha tecnología y aplicarla para evitar las afectaciones a determinado ambiente. El ejemplo chileno, esgrimido por más de un estudioso (convivencia agricultura-minería) podría significar la destrucción definitiva del supuesto de hecho, fundamento de cualquier demanda presentada. Si la tecnología ha avanzado tanto, ¿Cuáles son las razones que explican en el Perú el recelo del poblador a los proyectos mineros? Contexto que apoya el fundamento La tecnología ha avanzado, eso nadie lo duda. Es por ello que comparto, para este respecto, la postura según la cuál el problema no está en la tecnología capaz de evitar afectaciones significativas al ambiente, sino en los instrumentos adecuados para prever y exigir que dicha tecnología sea aplicada y funcione efectivamente. A pesar de la positivación en el Perú de un considerable grupo de normas jurídicas relativas a la seguridad en los proyectos mineros, los problemas irían más allá de un mero tema legislativo. Tenemos en el Perú una sociedad con incipiente conciencia ambiental, generalizada por la falta de una política educativo-ambiental sostenida a nivel nacional. Poseemos un poder judicial con índices escandalosos de corrupción, lo que ha ocasionado la desconfianza lógica de toda la población. Hay que unir a todo ello las obvias carencias presupuestales de la administración pública, falta de recursos humanos capacitados, que en muchos casos también poseen índices elevados de corrupción. Si la situación no es nada favorable a nivel social, judicial y administrativo ¿Quiénes asumirán la tarea de defender los derechos de las personas que los vean afectados? La defensa y las ONG’s A la pregunta de quién defenderá los derechos de las personas afectadas, es obvio que tendrán que ser ellas mismas quienes eleven su voz de protesta ante dichas afectaciones. Con una economía liberal en la cuál el estado reduce su nivel de ingerencia a todo nivel, será el ciudadano quien tenga que echar mano de todos los instrumentos y mecanismos existentes para defender sus derechos. De suerte que la efectiva acción de estudiosos en la materia y grupos organizados han propiciado la sistemática positivación de normas legales tendientes ha regular el complejo ámbito ambiental, otorgando instrumentos para dicha defensa. Se han previsto normas administrativas sancionatorias, además de incluirse instrumentos de gestión ambiental que exigen la participación ciudadana. Esto implica una cantidad considerable de información especializada, muchas veces desconocida por los pobladores de las zonas involucradas, actores principales de su defensa. Dentro de esta problemática específica es que surge la acción informativa y orientadora de las ONG’s alrededor del mundo. La tarea trascendente de las ONG’s, cuya labor favoris humanitatem les ha merecido el reconocimiento internacional, no se queda solo en orientar e informar. Su actividad, tendiente a investigar, promover y proteger el ambiente, trabaja de la mano con poblaciones afectadas, lo que ha propiciado que en muchos países del mundo se promueva y apoye su trabajo. Es por ello mezquino y carente de todo fundamento el argumento según el cuál su oposición a los proyectos mineros es solo producto de razones recicladas de un grupo de ambientalistas, enfrascados en sus concepciones proteccionistas, cerradas y retrógradas. Ahora que hemos analizado la problemática general, estamos en la posibilidad de encontrar las razones concretas por las cuáles el proyecto minero Tambogrande fue dejado de lado. Razones concretas contra el proyecto Tambogrande La primera razón, sin la cuál no entenderíamos el fenómeno Tambogrande, la encontramos en la firme oposición de su población al establecimiento de la mina, en favor de una agricultura rectora de su economía. Las razones eran evidentes. Tenemos en la agricultura una actividad que no significa riesgos evidentes para la salud de su población, además de tener índices de empleo mucho más altos que los determinados para la minería. Tenemos una minería que implica para su población el constante peligro de un accidente, ya no solo para el caso de la empresa minera Manhattan (una Júnior Canadiense) sino de las empresas que presten servicios a ella. Es obvia la desconfianza del poblador a la actuación de los organismos del estado como actores y defensores de sus intereses, por las razones antes expuestas. En otro ámbito de la realidad, tenemos el hecho que la mina se encuentra ubicada sobre la ciudad de Tambogrande. Eso significa que el proyecto implica para la población la desaparición de su ciudad, con las consecuencias lógicas que dicho suceso trae consigo: desaparición de sus hogares, historia, recuerdos, pasado, presente y futuro. Románticos o no, son razones justas que se fundamentan en la dignidad de la persona, dignidad protegida por la constitución de nuestro país. Además se debe prever que la bonanza, producto de una actividad minera, solo dura lo que dura el proyecto e incluso menos. Muy ligado a lo anterior tenemos el hecho que la minería, como actividad generadora de bienestar, enriquecerá los bolsillos de unos pocos en detrimento del poblador tambograndino, quien verán la destrucción lenta y dolorosa de todo el complejo ecosistema que forjó durante todo estos años El banco de oro y el efecto chorreo Si aún con todo lo expuesto, la población tuviera que elegir entre dos actividades, minería y agricultura ¿Por qué la población de Tambogrande no explota su “banco de oro” y espera que en base a él surja el famoso “efecto chorreo”? Para resolver esta pregunta, tenemos que explicar de que se trata, tanto el llamado “banco de oro” como el esperado “efecto chorreo”. Primero, el “banco de oro” es una alusión referida a la frase acuñada en el siglo XIX por el sabio italiano Antonio Raimondi, según la cuál “el peruano es un mendigo sentado en un banco de oro”. Por otro lado, se conoce como “efecto chorreo” a los síntomas de mejora económica que siente el poblador común y corriente proveniente de una efectiva política económica a nivel macro. Tambogrande, zona agrícola, productora de mango y limón, posee bajo su suelo un considerable yacimiento de metales, entre ellos oro y plata: la relación con la frase de Raimondi se hace, para este caso, especialmente evidente. Aplicado al caso en cuestión, la minería con su flujo de inversión, canon y tributación, producirían un “efecto chorreo” que alcanzaría la necesitada economía de los pobladores de la región. Es cierto que a pesar de la producción agrícola, en Tambogrande los índices de pobreza son altos, lo que pone en evidencia la necesidad urgente de proyectos que haga más dinámica su economía en pos del famoso “efecto chorreo”. Pero es también evidente por todo lo dicho, que las posibles mejoras económicas de dicho proyecto traerían no pueden obnubilar la razón en contra de la conservación de un ambiente sano y equilibrado. El problema con los gobiernos pro-mineros es su negativa a invertir recursos considerables en proyectos complejos de desarrollo, que también implican opciones sanas de crecimiento, ambientalmente sostenibles, y generadoras del llamado “efecto chorreo”. En contra de opciones sostenibles, se ha establecido de manera peligrosa la relación entre desarrollo y minería, que justifica priorizar el proyecto Tambogrande aún en contra de la población a quienes afecta. Se piensa en la minería como solución a los problemas regionales, de la misma manera como se asumió la explotación petrolera el siglo pasado. Al parecer no se ha tomado en cuenta la experiencia que dicha explotación ha dejado en todos estos años: contaminación, pobreza para la población a sus alrededores, despilfarro de los recursos, etc. Además, como con cualquier poder, se debe tener cautela con la influencia que puede ejercer la minería sobre aquellos en cuyas manos se deposita la labor de proteger a las personas. Explotar el banco de oro en post del famoso efecto chorreo podría traer bonanza económica temporal. Pero después de ello ¿qué? Sin tierras donde sembrar, sin trabajo donde ocuparse, la bonanza terminaría con los restos de la nueva ciudad. Yo diría que los tambograndinos han elegido conservar su “gallina de los huevos de oro”, actuando en uso de la razón que les refería la conservación como única opción. Si todos conocemos la historia de la gallina de los huevos de oro y sabemos la enseñanza, la pregunta cae por su propio peso ¿Son retrógradas quienes prefieren dejar viva la gallina en lugar de matarla? En todo caso, los que prefieren explotar el “banco de oro”, con los materiales nocivos que ello producirá, quizás deban esperar del “chorreo” algo más que un flujo temporal de dinero: Ojalá y nunca suceda. Conclusión Las dudas de la población sobre los actores que defenderán sus derechos fundamentales, imponen a la administración pública el velar porque los mecanismos de participación ciudadana se efectivicen. En la viabilidad de cualquier proyecto, las razones y fundamentos, en pro y en contra, deben encontrarse en franco debate público para así poder asegurar que la opción a elegir sea la más conveniente para la vida de las personas. La política que arremete y ataca a los ciudadanos, antes que a sus fundamentos, solo acrecienta el problema de la desinformación y la desconfianza. Al final, las razones y fundamentos deben primar a la imposición, porque lo último solo genera violencia y destrucción. Nuestra legislación ha avanzado considerablemente en la participación de los ciudadanos en el ámbito ambiental. Tenemos la normativa base para defender los derechos de las personas, pero para llegar a su real concreción, es necesario otorgarle a la población la oportunidad de hacer uso de ellas. El fortalecimiento de dicha participación, a través de la capacitación de los líderes locales en los instrumentos existentes, es tarea en la que no solo debería intervenir el gobierno sino toda la sociedad. Evitar la tiranía del poder, propiciando el imperio de la razón y el diálogo, traerá consigo la toma de decisiones concertadas entre población y gobierno, que evite en fin, revueltas innecesarias. Yo creo en las soluciones concertadas pero, sobre todo, creo en el derecho de las personas a gozar de un ambiente sano. Pienso que para la defensa del derecho a la vida todo esfuerzo resulta poco tomando en cuenta el bien jurídico plausible de lesión. Debemos, entonces, hacer uso de todos los instrumentos legales, técnicos, tecnológicos, pero sobre todo de la razón en pro de la vida. Considero, por ello, que la minería, por el riego latente de afectación al ambiente, se debe tener como última opción de desarrollo económico. Eso también considerando que las afectaciones al ambiente de zonas pobladas tendrán repercusiones graves en la vida de las personas. Es evidente que la población tiene el derecho de decidir lo que desea para su futuro: Tambogrande lo decidió así. Se podría decir que los pobladores de aquella localidad, al igual que el Jefe indio de Seattle en 1854, optaron por no olvidar “…la tumba de sus padres como el patrimonio de sus hijos (...)”. Todos tenemos una responsabilidad intergeneracional, mal heredada de nuestros padres pero que es el patrimonio de nuestros hijos. Olvidarla sería olvidar nuestra identidad como seres humanos, temporales en este planeta, fraternos por naturaleza. Si no tenemos un proyecto a futuro, si no conservamos los ecosistemas y con ellos nuestra propia vida, el significado de futuro, nuestro y de las generaciones siguientes, perdería todo su sentido. Rolando Zapata Rumiche Editor Joven Campaña de Desarrollo de los Objetivos del Milenio Piura – Perú Bibliografía consultada: ALEGRE CHANG, Ada: Política y legislación ambiental en el Perú desde la CNUMAD (1992). En: “De Río a Johannesburgo: Perspectivas del Derecho Ambiental en Latinoamérica”. PNUMA, 2002. CALLE VALLADARES, Isabel: ¿Conoces tus derechos ambientales? Lima: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, 2003. CAILLAUX ZAZZALI, Jorge: Lenguaje, derecho y desarrollo sustentable. En: 4º Coloquio FARN: Propuesta de políticas para el desarrollo sustentable. Salvador de Jujuy, 2001. HAKANSSON NIETO, Carlos: 500 años, ecología y los derechos de la humanidad. En BOLETÍN, Año 8, número 8, 1993. PULGAR-VIDAL, Manuel; AURAZO, Adriana (editores): Mejorando la participación ciudadana en el proceso de evaluación de impacto ambiental en minería. Lima: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, 2003. « return. |