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Tambogrande, zona agrícola, productora de mango y limón, posee bajo su suelo un considerable yacimiento de metales, entre ellos oro y plata: la relación con la frase de Raimondi se hace, para este caso, especialmente evidente.
Aplicado al caso en cuestión, la minería con su flujo de inversión, canon y tributación, producirían un “efecto chorreo” que alcanzaría la necesitada economía de los pobladores de la región.
Es cierto que a pesar de la producción agrícola, en Tambogrande los índices de pobreza son altos, lo que pone en evidencia la necesidad urgente de proyectos que haga más dinámica su economía en pos del famoso “efecto chorreo”. Pero es también evidente por todo lo dicho, que las posibles mejoras económicas de dicho proyecto traerían no pueden obnubilar la razón en contra de la conservación de un ambiente sano y equilibrado. El problema con los gobiernos pro-mineros es su negativa a invertir recursos considerables en proyectos complejos de desarrollo, que también implican opciones sanas de crecimiento, ambientalmente sostenibles, y generadoras del llamado “efecto chorreo”.
En contra de opciones sostenibles, se ha establecido de manera peligrosa la relación entre desarrollo y minería, que justifica priorizar el proyecto Tambogrande aún en contra de la población a quienes afecta. Se piensa en la minería como solución a los problemas regionales, de la misma manera como se asumió la explotación petrolera el siglo pasado. Al parecer no se ha tomado en cuenta la experiencia que dicha explotación ha dejado en todos estos años: contaminación, pobreza para la población a sus alrededores, despilfarro de los recursos, etc. Además, como con cualquier poder, se debe tener cautela con la influencia que puede ejercer la minería sobre aquellos en cuyas manos se deposita la labor de proteger a las personas.
Explotar el banco de oro en post del famoso efecto chorreo podría traer
bonanza económica temporal. Pero después de ello ¿qué? Sin tierras donde sembrar, sin trabajo donde ocuparse, la bonanza terminaría con los restos de la nueva ciudad. Yo diría que los tambograndinos han elegido conservar su “gallina de los huevos de oro”, actuando en uso de la razón que les refería la conservación como única opción. Si todos conocemos la historia de la gallina de los huevos de oro y sabemos la enseñanza, la pregunta cae por su propio peso ¿Son retrógradas quienes prefieren dejar viva la gallina en lugar de matarla? En todo caso, los que prefieren explotar el “banco de oro”, con los materiales nocivos que ello producirá, quizás deban esperar del “chorreo” algo más que un flujo temporal de dinero: Ojalá y nunca suceda.
Conclusión
Las dudas de la población sobre los actores que defenderán sus derechos fundamentales, imponen a la administración pública el velar porque los mecanismos de participación ciudadana se efectivicen. En la viabilidad de cualquier proyecto, las razones y fundamentos, en pro y en contra, deben encontrarse en franco debate público para así poder asegurar que la opción a elegir sea la más conveniente para la vida de las personas. La política que arremete y ataca a los ciudadanos, antes que a sus fundamentos, solo acrecienta el problema de la desinformación y la desconfianza. Al final, las razones y fundamentos deben primar a la imposición, porque lo último solo genera violencia y destrucción.
Nuestra legislación ha avanzado considerablemente en la participación de los ciudadanos en el ámbito ambiental. Tenemos la normativa base para defender los derechos de las personas, pero para llegar a su real concreción, es necesario otorgarle a la población la oportunidad de hacer uso de ellas. El fortalecimiento de dicha participación, a través de la capacitación de los líderes locales en los instrumentos existentes, es tarea en la que no solo debería intervenir el gobierno sino toda la sociedad. Evitar la tiranía del poder, propiciando el imperio de la razón y el diálogo, traerá consigo la toma de decisiones concertadas entre población y gobierno, que evite en fin, revueltas innecesarias.
Yo creo en las soluciones concertadas pero, sobre todo, creo en la defensa cerrada de los derechos fundamentales de la persona. Pienso que para la defensa de ellos, por ejemplo la vida, todo esfuerzo resulta poco tomando en cuenta el bien jurídico plausible de lesión. Debemos, entonces, hacer uso de todos los instrumentos legales, técnicos, tecnológicos, pero sobre todo de la razón en pro de la vida. Considero, por ello, que la minería, por el riego latente de afectación al ambiente y a la vida, se debe tener como última opción de desarrollo económico. Eso también considerando que las afectaciones al ambiente de zonas pobladas tendrán repercusiones graves en la vida de las personas.
Es evidente que la población tiene el derecho de decidir lo que desea para su futuro: Tambogrande lo decidió así. Se podría decir que los pobladores de aquella localidad, al igual que el Jefe indio de Seattle en 1854, optaron por no olvidar “…la tumba de sus padres como el patrimonio de sus hijos (...)”. Todos tenemos una responsabilidad intergeneracional, mal heredada de nuestros padres pero que es el patrimonio de nuestros hijos. Olvidarla sería olvidar nuestra identidad como seres humanos, temporales en este planeta, fraternos por naturaleza. Si no tenemos un proyecto a futuro, si no conservamos los ecosistemas y con ellos nuestra propia vida, el significado de futuro, nuestro y de las generaciones siguientes, perderá todo su sentido.
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Rolando
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